Diciembre 2015: el inicio del camino de la transparencia en España

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A continuación os dejamos un artículo de Fran Delgado, Director-Gerente de DMK Consultores, que fue publicado el pasado 17 de Agosto en el portal Política Comunicada.

DICIEMBRE 2015: EL INICIO DEL CAMINO DE LA TRANSPARENCIA EN ESPAÑA

Antes del próximo 10 de diciembre todos los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CC.AA.) deberán adecuarse a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Termina la vacatio legis establecida en la Disposición final novena de la norma que daba 2 años de adaptación a estas entidades. Este plazo se ha visto reducido en lo que se refiere a la publicidad activa en aquellas CC.AA. que han desarrollado una legislación propia. La Ley Estatal es una ley de mínimos y las leyes autonómicas deben respetarlos, pudiendo incorporar mayor nivel de exigencia en las obligaciones de publicidad activa, tal como establece el art. 5.2. de la Ley 19/2013. Sin embargo, la realidad a día de hoy es que, a pesar de valorar el esfuerzo de estas Administraciones en el mencionado desarrollo legislativo y el avance que se ha producido en esta materia, queda aún mucho trabajo que hacer por delante.

Por un lado, existe una imperante necesidad de formación en transparencia en estas Administraciones. Esta formación, además de impartirse a los empleados públicos, encargados en última instancia de su implementación, es absolutamente imprescindible que se realice a nivel político. En los diferentes comicios electorales que se han realizado en España en 2015 se ha podido observar como la transparencia ha sido una pieza angular de las campañas de todos los partidos. No existía un titular periodístico referente a una declaración política que no incluyera la palabra transparencia. No obstante, hay que precisar que no por articular frecuentemente un concepto en un discurso político significa que los partidos lo hayan hecho propio. Al contrario, se ha podido ver cómo, con carácter general, en sus programas electorales los partidos intentaban cubrir vagamente el expediente o bien elaboraban una lista de medidas estrella y efectistas mediáticamente que mostraban un desconocimiento absoluto de las obligaciones contenidas en la propia Ley. Y eso, evidentemente, no es suficiente. En una sociedad en la que la ciudadanía demanda y exige a sus gobernantes otra forma de hacer política, no basta con el mero hecho de cumplir con obligaciones legales, sino que se trata de apostar hacia un nuevo paradigma de profundización democrática que avance hacia el centro mismo de los valores de en los que se basa la relación gobernante-gobernado. En la toma de decisión hacia este modelo juega un papel fundamental la voluntad política y las convicciones éticas de nuestros dirigentes, por lo que se hace necesaria la existencia de políticos formados, sensibilizados y decididamente transparentes.

Por otro lado, entendida la transparencia como pilar básico del Gobierno Abierto en el que los ciudadanos entran a colaborar y participar de las decisiones, es necesario que exista, y que la Administración promueva, una pedagogía de la transparencia para que esta cultura impregne a la ciudadanía. En este modelo, el ciudadano adquiere un nuevo rol en el que puede y debe fiscalizar la acción de los poderes públicos que deben rendir cuentas de su actuación ante la sociedad. Pasa de ser un sujeto pasivo en la relación con la Administración a un sujeto activo. La transparencia nace bajo la premisa de entender que si la información pública pertenece a la ciudadanía ésta debe acceder a ella, debe estar informada. La transparencia es un requisito previo de la participación ciudadana. Esta visión de la transparencia entiende que gracias a la existencia de transparencia los ciudadanos estarán más y mejor informados y, por consiguiente, serán más participativos y podrán asumir este nuevo rol de auditor cívico. Pero esto no será posible si desde las propias instituciones públicas no se promueven actuaciones para que los ciudadanos conozcan sus nuevas responsabilidades y derechos.

No obstante, hay que reconocer que se están desarrollando actuaciones para el cumplimiento de la Ley como las puestas en práctica por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a nivel local, el desarrollo normativo e institucional a nivel autonómico, otras que vienen directamente de asociaciones y entidades de la sociedad civil y las enunciadas dentro del Plan Estratégico 2015-2016 elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Pero no basta con promover estas acciones. Se trata de ahondar en la transparencia más allá de la propia Ley, entendida como elemento fundamental para edificar una democracia de calidad. Así, la transparencia no debe concebirse como un fin determinado sino como un proceso que además está en constante cambio, en beta permanente. Entendiendo, además, que se trata de un camino que no tiene límites por arriba, más allá de los establecidos en la propia normativa. Ese es el reto, y la conclusión de la vacatio legis del próximo diciembre no debe ser entendida como el final sino, al contrario, el inicio del camino hacia una transparencia real y efectiva.

En definitiva, con los pasos que se están dando en la materia se podrán elaborar rankings o clasificaciones que digan que los niveles de transparencia son excelsos, se podrá cumplir con unos indicadores exhaustivos y desarrollar portales webs y aplicaciones que presenten la información de manera moderna e intuitiva, pero eso por sí solo no garantiza a implantación de la transparencia. Porque quedarse solamente con esos avances sin abordar actuaciones que incidan de alguna manera en la voluntad política, en el impulso e implantación social de la cultura de la transparencia y la concepción de la misma como eje fundamental de una nueva manera de concebir y profundizar en nuestra democracia supone hacerse trampas al solitario.

Fuente: Política Comunicada

Posted on 21 agosto 2015 in Medios, Transparencia

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